Terrorismo Islámico en Suramérica

En Argentina vive la comunidad judía más numerosa de América Latina y la quinta mayor del mundo, por lo que fue objetivo para los terroristas enemigos de Israel. Para la comunidad judía es difícil de olvidar la cantidad de víctimas que parecieron en manos de los terroristas del HAMAS y del HEZBOLLAH. Era el 17 de marzo de 1992 cuando la Embajada de Israel en Argentina fue objetivo terrorista dejando 29 muertos y 242 heridos, y destruyendo completamente la sede de la embajada. Dos años más tarde, el 18 de julio de 1994, la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) sufrió un atentado, considerado uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en dicho país suramericano, dejando un saldo de 85 víctimas mortales y 300 heridos. 

Aquella tarde a las 2:45pm, cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida del HAMAS fue cargado con explosivos, fue  estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel. Dicho ataque causo la destrucción de la embajada, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. El Mosad, el FBI y la corte suprema de Justicia de la Argentina iniciarían tres investigaciones. Por un lado la Corte suprema puso la investigación en manos de cuatro jueces que manejaron diferentes hipótesis. Durante los primeros años estuvo liderada por Ricardo Levene quien defendía la hipótesis que la embajada había sido destruida por implosión. Por otro lado, Alfredo Bisordi quien era el secretario penal de la Corte Suprema de Justicia defendió la hipótesis de que el explosivo había entrado a la embajada entre los materiales de construcción, porque estaban haciendo reparaciones en el edificio, por lo que la explosión fue de dentro hacia afuera, pero fue descartada. Los proyecciones balísticas realizadas confirman que la artefacto explosivo explotó en el lugar donde quedó el cráter.

El 25 de octubre de 2006, los fiscales Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos denunciaron formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y al Hezbollah por su ejecución. Según la investigación de la fiscalía, Argentina fue elegida como blanco del ataque tras la decisión del gobierno argentino de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. En 2006 juez Canicoba Corral, ordeno la captura de los siete ex-funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbollah acusados por la fiscalía, y al año siguiente, la Interpol ratificó la orden dada por el juez Corral y se emitió la orden de captura en contra de Mugniyah y cinco de los fugitivos iraníes, y llevarlos ante la justicia, por lo que el gobierno argentino ha requerido a Irán la extradición de los ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero, pero Irán se ha negado a acatar el fallo de la justicia argentina. En febrero de 2008 la justicia de Estados Unidos condenó a Irán pagarle más de 33 millones de dólares a la familia de una de las víctimas del atentado, el diplomático israelí David Ben-Rafael. En aquel mismo año fue dado de baja por las IDF (por sus siglas en inglés Fuerzas de Defensa de Israel) uno de los autores del atentado, Imad Mugniyah, líder de la Hezbollah, hecho declarado por Daniel Gazit, embajador de Israel en Argentina